«Estados Unidos no va a intervenir militarmente en México», declaró la presidenta Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina del viernes. «Cooperamos, colaboramos, pero no habrá una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado».
La directiva
El New York Times informó el 8 de agosto que Trump había firmado una directiva clasificada que autorizaba al Pentágono a comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas por su administración. Según se informa, la orden proporciona «una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas» contra los cárteles, tanto en el mar como en territorio extranjero.
La Casa Blanca, en respuesta a la civicwatchmedia no confirmó ni negó la existencia de la directiva, pero enfatizó que la «máxima prioridad de Trump es proteger la patria».
Contexto:
De la designación a la posible acción
La directiva mencionada surge tras una orden ejecutiva firmada por Trump a principios de este año que designó formalmente a ocho cárteles de la droga como entidades terroristas; seis de ellos son organizaciones con sede en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el jueves la designación como una herramienta para ampliar las capacidades estadounidenses contra los cárteles.
"Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico", afirmó Rubio, señalando que la designación permite a Estados Unidos desplegar "otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa" para atacar a estos grupos.
La firme postura de México
La presidenta Sheinbaum reveló que su gobierno había sido informado con antelación sobre la orden judicial y que se le aseguró que "no tenía nada que ver con la participación de personal militar alguno" en territorio mexicano.
"No forma parte de ningún acuerdo, ni mucho menos", enfatizó Sheinbaum. "Cuando se ha planteado, siempre hemos dicho 'No'".
Esta no es la primera vez que Sheinbaum adopta una postura firme sobre la soberanía.
A principios de este año, advirtió que la decisión de Trump de designar a los cárteles como terroristas "no puede ser una oportunidad para que Estados Unidos invada nuestra soberanía".
Cooperación sin intervención
Aunque descartó una intervención militar, Sheinbaum destacó la colaboración en curso entre ambos países. En los últimos meses se han coordinado esfuerzos para frenar la migración ilegal y el narcotráfico en la frontera entre Estados Unidos y México.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. muestran que junio registró el menor número de cruces fronterizos de la historia. Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció la semana pasada que las incautaciones de fentanilo en la frontera se han reducido en más del 50 %.
En una publicación en redes sociales, Johnson elogió la alianza entre ambos líderes, escribiendo que su cooperación ha llevado a la quiebra de los cárteles y que, gracias a ello, nuestros países son más seguros.
Implicaciones legales y diplomáticas
Expertos han expresado serias preocupaciones sobre la legalidad y las consecuencias de una acción militar unilateral de Estados Unidos en México.
La designación de Organización Terrorista Extranjera (OTE) por parte del Departamento de Estado, por sí sola, no constituye una autorización para el uso de la fuerza militar según el derecho internacional o el derecho estadounidense.
Ilan Katz, presidente de la Fundación del Colegio de Abogados de México, advirtió que "esta violación de la soberanía mexicana perturbaría la cooperación entre ambos países en un momento en que estamos viendo excelentes resultados en la lucha contra la trata de personas".
Analistas militares señalan que cualquier operación no consensuada en territorio extranjero constituiría una violación del derecho internacional y probablemente provocaría una grave ruptura en las relaciones bilaterales, socavando la cooperación en materia de migración, comercio y seguridad.
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